Señaló FGR a Scherer por extorsión a Collado

SchererFoto: Presidencia

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Sin imputarlo formalmente, porque no pidió citarlo a la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República afirmó ayer ante un juez federal que Julio Scherer Ibarra formó parte de un grupo delictivo que usó las instituciones del Estado para extorsionar y traficar influencias para obtener un lucro millonario.

Al formular imputación contra el asesor financiero y tres abogados que presuntamente extorsionaron a Juan Collado, el primer nombre que pronunció el fiscal federal Manuel Granados Quiroz -el más «rudo» de los enviados por la FGR a las audiencias judiciales- fue el del ex consejero Jurídico de la Presidencia.

«Julio Scherer Ibarra formó parte de una asociación delictiva integrada por más de 3 personas que operó de noviembre de 2018 a julio de 2021 y que tenía la finalidad de despojar a Juan Collado Mocelo y apoderarse de la Caja Libertad», dijo Granados.

Estas fueron las las primeras palabras del fiscal, al formular la imputación contra los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau.

La Fiscalía pidió ayer que sean vinculados a proceso por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Se los atribuyen porque supuestamente, por instrucciones de Scherer, los imputados pretendieron obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.

Banca Afirme es propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien Collado señala como amigo de Scherer.

La Fiscalía dio señales de que pretende hacer más grande este caso, pues dijo que también existe una responsabilidad penal en los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, el Poder Judicial de la Federación y la propia FGR, que se prestaron al tráfico de influencias de los emisarios de Scherer.

Los fiscales federales presentaron un total de 75 datos de prueba para acreditar la implicación de los abogados y el asesor jurídico, quienes finalmente comparecieron juntos hasta la cuarta ocasión en que fueron citados por la autoridad judicial.

La audiencia que encabezada Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Antes de formular imputación, Granados lanzó un buscapiés a la defensa de los imputados, pues pidió al juez desautorizar a tres de ellos por ser partícipes de encubrimiento o porque en un futuro próximo pueden ser coimputados de sus propios clientes.

El fiscal Granados señaló que estaba impedido Agustín Acosta Azcón, abogado de Gómez Arnau, porque en sus oficinas de la Colonia Condesa se recibió una notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que fue parte de la extorsión a Collado.

Este documento es el que señala que Collado no es investigado por dicho organismo hacendario ni es parte de la Lista de Personas Bloqueadas.

El fiscal también acusó a Acosta de litigar un asunto o asuntos relacionados con buques, «por encargo de Julio Scherer».

Granados luego se fue en contra de Alejandro Robledo Carretero, defensor de César González, porque dijo que Scherer lo puso de Subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dejó ese cargo con la salida del ex consejero Jurídico.

El fiscal también pidió dejar fuera de la audiencia a Diego Madrazo Labardini, defensor de Araujo, por ser parte del mismo despacho su defendido, ya que más adelante podría resultar imputado de un delito.

«Me parece vergonzoso que la fiscalía inicie con amenazas veladas. En efecto fui socio de Juan Araujo hasta el 2020 y no tengo relación con él. Me parece que es una amenaza velada», dijo Acosta.

Delgadillo Padierna desechó por improcedente la solicitud del fiscal, ya que la FGR estaba refiriendo hechos futuros y sin pruebas, por lo que ordenó continuar con la diligencia.

Robledo Carretero, por su parte, rechazó el señalamiento; dijo que Scherer no lo puso en el cargo y que fue el presidente de la República quien le dio el nombramiento, además de que no renunció al mismo tiempo que el ex consejero Jurídico.

A partir de ese momento, el eje rector de la imputación de la FGR fue Julio Scherer. Todos los imputados y su actuación giraron en torno de él, según la teoría del caso de la Fiscalía.

Los 10 millones de pesos en efectivo que Collado dice haber pagado a César González o los 1.5 millones de dólares que entregó en España a Isaac Pérez son pagos que según la FGR se hicieron a personas que traficaban influencias para el ex consejero jurídico.

Una vez que la FGR terminó de formular la imputación y concluyó su larga solicitud de vinculación a proceso, los 4 imputados pidieron que les definieran en esta misma audiencia su situación jurídica.

Delgadillo dio un receso de una hora que concluyó a las 23:30 horas. Se espera que esta mañana de jueves resuelva si los vincula o no a proceso.

Acto seguido, en caso de procesarlos, definirá las medidas cautelares. La FGR ya ha anticipado que pedirá la prision preventiva justificada.

Algunos de los imputados como César Gonzales e Isaac Pérez no solo se mostraron relajados. En algunos lapsos no aguantaron la risa cuando los fiscales federales daban lectura a algunos dato de prueba como los dictámenes médicos de Collado.

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