Mover al elefante: los megaproyectos del sexenio

López

#Nacional

Los grandes proyectos del gobierno federal siguen siendo confrontados mientras avanzan para cumplir la promesa de López Obrador de concluirlas en 2022.

Es bien conocida la postura del presidente López Obrador sobre el aparato burocrático. La premisa de su política de austeridad como una medida transversal a toda la administración pública, es su visión sobre una burocracia heredada de las administraciones bajo las siglas del PAN y del PRI. Desde el arranque de su gestión, ha comparado de manera recurrente al gobierno con un “elefante reumático” que creció al amparo del periodo neoliberal.

Pero el elefante no solo alude a los burócratas, a los 1.6 millones de trabajadores del sector público federal, sino también a la capacidad del propio Estado de ejercer sus facultades y capacidades institucionales. El pasado 15 de diciembre, tras conocerse la resolución de la Suprema Corte respecto al acuerdo del Ejecutivo que eleva a rango de interés público y de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal, López Obrador refirió que se trataba de una decisión judicial que permite cumplir con el objetivo de “mover al elefante” de la burocracia.

Recordemos que esta resolución se da derivada de la controversia constitucional interpuesta por el INAI, ante la cual un magistrado de la Corte determinó la suspensión parcial del acuerdo publicado en el DOF el pasado 22 de noviembre. Esto es, los efectos del acuerdo presidencial siguen vigentes, como por ejemplo reducir al mínimo los trámites para todos los proyectos y obras federales, pero no en lo que se refiere al acceso a la información, pues no podrá reservarse de manera generalizada la información de los megaproyectos.

El acuerdo presidencial, duramente criticado por la oposición, fue justificado por el Ejecutivo con el argumento de poder agilizar los proyectos federales y evitar que sean frenados por recursos judiciales. Si algo ha sido evidenciado la postura del presidente ante el tema de la transparencia, es el lado poco atractivo de ésta: la transparencia representa costos adicionales para el gobierno, en términos de recursos materiales y humanos y puede hacer todavía más engorrosas las actividades de las dependencias, incluso, puede hacer que se prioricen procedimientos internos o actitudes legalistas por encima de los objetivos de política pública. Con todo, dada la experiencia comparada sobre la transparencia como instrumento para combatir la corrupción, vale la pena verla como una oportunidad para reivindicar el servicio público y dotarlo de confianza social.

Hace unos días, el acuerdo del gobierno federal volvió a ser nota luego de que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD informaron, a través de un comunicado con fecha del 15 de enero de 2022, haber solicitado se promueva a través del presidente de la Mesa Directiva, una demanda de controversia constitucional en nombre de la Cámara de Diputados, contra del llamado “Decretazo”.

El plazo para que tal demanda de controversia constitucional sea presentada ante la Corte vence el 19 de enero de 2022, por lo que desde el Legislativo se abre un nuevo flanco de confrontación y negociación para el presidente de la Mesa Directiva de Casilla, Sergio Gutiérrez Luna quien, por sí mismo, podría presentar la demanda, quedando como segunda vía que la solicitud de la alianza Va por México sea considerada jurídicamente procedente para ser votada por el Pleno. 

Mientras tanto la resolución del máximo tribunal de noviembre del año pasado ha permitido una solución “intermedia” en el sentido de salvaguardar el derecho a tener acceso a la información pública de los megaproyectos y al mismo tiempo, ofreciendo allanar el camino para que las obras federales no se detengan o retarden por trámites burocráticos.

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